Los defensores de la reforma de la justicia penal advierten que la aprobacion de la Proposicion 36 significara una fuerte reduccion de los fondos para iniciativas contra el crimen. La medida aumenta las penas para ciertos delitos relacionados con drogas y robo, convirtiendolos en delitos graves que conllevan penas de carcel. Will Matthews, de la organizacion sin fines de lucro Californians for Safety and Justice, dice que a los votantes se les hicieron falsas promesas de que la Proposicion 36 reduciria los delitos contra la propiedad al obligar a mas personas a elegir entre tratamiento y encarcelamiento.
"Realmente fue una iniciativa falsa que ahora resultara en que se desvien miles de millones de dolares del tratamiento de adicciones, enfermedades mentales y ayuda a personas que regresan a casa despues de un periodo de encarcelamiento," explico Matthews.
La Proposicion 36 deroga partes de la Proposicion 47, que canalizo los ahorros provenientes de la reduccion de los costos penitenciarios hacia programas disenados para combatir la pobreza y la adiccion, causas fundamentales del crimen.
El profesor de ciencias politicas Christopher Hallenbrook de Cal State Dominguez Hills esta de acuerdo en que la Proposicion 36 le costara al estado cientos de millones, dinero que se desviara de iniciativas contra el crimen.
"No hay forma de pasar la Prop. 36 y no meter a mas personas en la carcel. Cuanto mas dinero gasta en encarcelamiento, menos dinero gasta en otras cosas. Esta es definitivamente una evaluacion precisa y parece ser una que los votantes decidieron que estaban de acuerdo," argumento ademas Hallenbrook.
La Proposicion 36 fue financiada en gran medida por gigantes minoristas como Home Depot, Target y Walmart, con la esperanza de que la perspectiva de sanciones mas altas disuadira los delitos a las cadenas minoristas.
Mientras el presidente electo Donald Trump anuncia que esta semana personas de linea dura en materia de migracion seran subdirectores del gabinete y zares de la frontera, los grupos que apoyan a los estudiantes universitarios indocumentados en California se comprometen a defender sus derechos.
Las universidades de Golden State atienden a 83,000 estudiantes indocumentados, segun Higher Ed Immigration Portal.
Jessie Ryan es presidenta de Campaign for College Opportunity, que forma parte de la Coalicion de Educacion Superior para Indocumentados de California.
"Tuvimos una vision de algunas de las cosas que se podrian hacer en las declaraciones del Proyecto 2025," explica Ryan, "considerando cuestiones como la deportacion masiva y el fin de las vias para obtener la ciudadania."
Tambien existe la preocupacion de que la administracion Trump pueda retirar la autorizacion de trabajo DACA a los llamados Dreamers, personas que fueron traidas a los EE.UU. cuando eran ninos. En el sitio web de la Coalicion de Indocumentados de California para la Educacion Superior se puede encontrar un mapa de recursos desglosados por campus.
Ryan dice que espera que la ley del estado santuario de California evite cualquier redada de migracion en los campus universitarios, pero no hay garantias.
"El ambiente es muy desalentador, tanto en la coalicion como entre nuestros estudiantes y familias," dice Ryan. "Muchos de ellos se sienten temerosos e inseguros sobre cual sera su futuro y si la universidad seguira siendo accesible para ellos, o si incluso se les valora como parte de las comunidades universitarias."
El gobernador Gavin Newsom acaba de convocar una sesion especial de la Legislatura y ha creado un fondo legal para hacer frente a los esfuerzos por deshacer las protecciones para las poblaciones vulnerables.
El principal funcionario de educación de California dijo que lucharía contra las amenazas del presidente electo Donald Trump contra la educación pública.
Trump durante toda su campaña prometió abolir el Departamento de Educación.
California recibe unos 8 mil millones de dólares en fondos federales para programas que atienden a estudiantes con discapacidades y estudiantes en escuelas de bajos ingresos. Esos programas podrían estar en riesgo si Trump cierra el Departamento de Educación.
El superintendente estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, dice que está preparado para presentar una nueva legislación para proteger esos programas.
«No permitiremos que haya ningún cierre de los Programas de Educación Especial o de los programas que apoyan a los jóvenes que viven en la pobreza».
Pero Thurmond dice que seguirá abogando para que Trump no cierre el Departamento de Educación.
Mientras tanto, el fiscal general de California, Rob Bonta, y el gobernador Gavin Newsom anunciaron esta semana planes para luchar contra posibles políticas de la administración Trump.
Esta historia fue reportada originalmente por Madison Aument de KVCR.